Malabo, Guinea Ecuatorial – El pasado domingo, la Policía Nacional reveló la existencia de una red de trata de personas operando en la capital del país. En una operación derivada de más de ocho meses de investigaciones, las autoridades lograron desarticular una estructura de explotación dirigida por una mujer de nacionalidad beninesa. La red mantenía a sus víctimas en condiciones infrahumanas, reteniéndolas en una habitación y privándolas de su libertad bajo una modalidad moderna de esclavitud.
El caso salió a la luz tras una denuncia formal del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Seguridad Nacional, quienes ejecutaron las investigaciones necesarias para ubicar a la responsable y liberar a las víctimas. La ciudadana beninesa, identificada como Lea, había establecido contacto inicial con las familias de las víctimas y, mediante contratos aparentemente legales, sometió a los afectados a una servidumbre económica. Bajo estas condiciones, se les exigía que entregaran el 50% de sus ingresos mensuales durante periodos prolongados, situación que se prolongó por años.
Además, se ha confirmado que las víctimas eran obligadas a trabajar sin los documentos necesarios, pues Lea les confiscó sus pasaportes al llegar a Guinea Ecuatorial, con el propósito de evitar cualquier intento de contacto con las autoridades o de escape. El relato de una de las víctimas, que afirma haber estado en esta situación durante más de seis años, pone en evidencia la desesperación y frustración de quienes estuvieron atrapados en esta red.
La acusada ha pedido disculpas públicamente, afirmando desconocer que su proceder constituía un delito de trata de personas, aunque las autoridades consideran sus declaraciones como un intento de eludir la responsabilidad penal. El Ministerio de Seguridad Nacional ha enfatizado su compromiso de erradicar este tipo de prácticas en el país y asegura que se continuarán tomando medidas firmes para prevenir la explotación y proteger los derechos fundamentales de las personas.
Este lamentable caso revela la persistencia de prácticas de explotación humana en la región, desafiando los esfuerzos legales y el marco jurídico internacional que condena la trata de personas. Las investigaciones continúan, y se prevé que se lleve a cabo un proceso judicial exhaustivo para que los responsables enfrenten la justicia.
